Toni Jiménez

VALENCIA

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14/03/2025
Actualizado a las 16:52h.

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El ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana Emilio Argüeso, imputado en la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre, ha pedido a la juez que aclare por qué le investiga. En concreto, reclama que se subsane el auto de imputación, «claramente deficiente e incompleto a todas luces» en «términos de defensa», para que exprese «qué comportamiento, qué hechos u omisiones incardinables en algún artículo del Código Penal» se le atribuyen.

También demanda que «se pormenorice en el mismo la totalidad de víctimas y sus circunstancias, aunque fuere de forma somera, con expresión del lugar y momento, donde se levantó el cadáver de cada una de ellas».

Así consta en un escrito de alegaciones, fechado el 13 de marzo y consultado por ABC, que su abogado ha remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. Un texto en el que defiende que actuó con «absoluta responsabilidad» y «encomiable diligencia» aquella fatídica jornada. En ese sentido, Argüeso se muestra dispuesto a declarar y colaborar con la magistrada que ha centralizado las pesquisas sobre la tragedia con 225 muertos y tres desaparecidos, pero reclama hacerlo con «unas mínimas garantías».

El entonces director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, fue cesado del Gobierno autonómico de Carlos Mazón a finales de noviembre, junto a quien era consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, también imputada en este procedimiento judicial.

El letrado José María Bueno, también abogado de Manos Limpias que ejerce la defensa de Argüeso, lamenta que todavía no se le ha dado traslado de toda la documentación, lo que les deja en una «clara indefensión» a la hora de preparar su declaración o recurrir la decisión judicial.

En un auto del 10 de marzo, la instructora resolvió tomar declaración como investigados, en una fecha aún por determinar, a Pradas y Argüeso. En cuanto a la primera, señala que tenía atribuido como máxima autoridad «el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población» y respecto al segundo apunta que es necesario escucharle en sede judicial dada su «relevancia orgánica y por ende decisoria».

Ahora, su abogado apunta que en ese documento «no se expresa, como sería necesario, los motivos, hechos, indicios, situaciones, omisiones, etc. imputables a mi cliente de los que quepa entender que debe ser oído como investigado».

«Ser secretario autonómico y supuesto número dos de una consejería no es un delito, por lo que suponemos que deban ser otras las razones de su citación como imputado, que la jueza ha obviado», agrega. Asimismo, «no se expresa» la relación de Emilio Argüeso con el retraso en el envío de la alerta a los teléfonos móviles de la población, «¿Qué se imputa acerca de eso a mi cliente?», se pregunta. Tampoco «algún comportamiento que llevara a entender que mi cliente ha tenido algún protagonismo en los hechos investigados».

Pero el escrito de alegaciones va más allá. El letrado considera que la magistrada debería haber esperado a citar a su cliente hasta «tener clara la competencia territorial para la instrucción de esta causa», pues su auto no hace una relación de todas las víctimas, «como no podía ser de otra manera en un asunto de presunto homicidio negligente», ni las circunstancias de sus muertes.